La política pública de gratuidad y la posibilidad de incorporar una mirada más estratégica para orientar oferta formativa

Los resultados conocidos hoy, en relación con las postulaciones al sistema de educación superior, proporcionarán información relevante acerca de las áreas de conocimiento que concentran mayor interés, disponibilidad de oferta formativa y características que adoptará la matrícula en términos geográficos, áreas de conocimiento que prevalecerán y composición de los estudiantes que recibirá cada institución de educación superior (IES).

El componente estratégico de la educación superior está ampliamente desafiado por un contexto global cada vez más exigente y competitivo, y por nuestras propias dificultades endógenas, expresadas con fuerza a través del estallido social. La política pública de gratuidad es una conquista ciudadana que contribuye a la cohesión social, sin embargo, no es portadora de orientaciones estratégicas para impulsar áreas de conocimiento que contribuyan en forma directa al modelo de desarrollo país.

Los incentivos estatales como la gratuidad se asignan, básicamente, para carreras de pregrado en función de requisitos académicos y socioeconómicos del postulante, y, de las características que adopta la institución de educación superior en términos de su origen, nivel de acreditación y lucro. Al respecto, para el proceso 2020 se adscribieron un total de 53 IES, desglosadas en 33 universidades, 5 institutos profesionales y 15 centros de formación técnica.

El modelo de desarrollo chileno enfrenta desafíos trascendentales relacionados con la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, la creación de conocimiento propio, el desarrollo tecnológico, la innovación.

El carácter extractivista de las distintas actividades productivas, las necesidades en el campo de la salud y del fortalecimiento de capital humano, las oportunidades en el desarrollo de la industria turística; una mayor democratización en acceso a cultura, así como la necesidad de elaborar un pensamiento sustantivo sobre la educación qué queremos, representan ámbitos estratégicos para obtener mejores resultados como país.

En la actualidad, los cupos para la gratuidad están regulados por las propias IES y la única limitante es que no sean carreras a distancia, ni semipresenciales. La asignación de incentivos estatales no está alineada a las áreas estratégicas para el desarrollo país, evidenciando un desanclaje con las oportunidades globales, el desarrollo de las ventajas comparativas y la solución de necesidades que urgen en la sociedad.

Los esfuerzos del financiamiento estatal a través de la gratuidad podrían tener un correlato en la promoción de estrategias de desarrollo humano, por ejemplo, la formación de expertos en procesos productivos asociados a commodities que incorporan valor agregado y lógicas más sustentables; o bien, disponer de mayores especialistas en salud para responder a los crecientes requerimientos de los territorios. La incorporación de una visión estratégica en los criterios para asignar gratuidad, permitiría orientar una oferta formativa más funcional al desarrollo país.

La expectativa es alcanzar mayor eficiencia en el uso de recursos y que la política pública de gratuidad esté articulada al modelo de desarrollo y otorgue respuesta a requerimientos sociales, a potenciales oportunidades productivas, además de advertir riesgos ante eventual saturación de profesionales y/o técnicos en determinadas áreas del conocimiento.

Liderar un trabajo colaborativo que incorpore distintos actores (trabajadores, gremios productivos, instituciones de educación superior, socios comerciales, organismos públicos) para que la política pública de la gratuidad sea funcional al modelo de desarrollo que Chile requiere, es una urgencia que no podemos soslayar en la encrucijada que vive el país.